Biblioteca Nacional en Alcalá: CC.OO. advierte falta de licencia de actividad
En Alcalá de Henares, la realidad golpea con crudeza: la Biblioteca Nacional lleva tres décadas funcionando sin la imprescindible licencia de actividad. Lo denuncia Comisiones Obreras, que exige explicaciones y responsabilidades inmediatas. El eco de esta denuncia va más allá de las paredes del archivo: es un recordatorio sobre la trascendencia de las licencias de apertura, de las declaraciones responsables, de las licencias de obras y de cualquier trámite urbanístico sin el cual ningún edificio público ni privado debería abrir sus puertas.
La denuncia sindical: más que burocracia, seguridad
CC.OO. ha puesto nombre y apellidos a lo que considera una irresponsabilidad monumental: la ausencia de un permiso básico que garantiza la seguridad de trabajadores, visitantes y del patrimonio bibliográfico que allí se custodia. No se trata de un papel olvidado en un cajón, sino de un certificado que acredita que el inmueble cumple con las exigencias mínimas de seguridad, salubridad y mantenimiento.
El sindicato no se limita a señalar la falta de licencia. Habla de humedades persistentes, de un sistema contra incendios obsoleto, de casos de legionella y hasta de una plaga de conejos que, sin exageración, atraviesa el perímetro y pone en riesgo la salud del personal. ¿Exageración? No. El Tribunal de Cuentas ya advirtió en 2024 que el edificio de Alcalá carecía de licencia de funcionamiento y de un plan urbanístico que permitiera su expansión. El tiempo ha pasado, pero los problemas permanecen.
Licencias de actividad: la base de cualquier proyecto
En cualquier rincón de España, un comercio de barrio, un restaurante, una oficina o incluso un archivo histórico necesita acreditar su legalidad para abrir al público. La licencia de actividad es el permiso que certifica que el espacio es seguro y cumple con la normativa vigente. Y cuando no existe, como en el caso de la sede de Alcalá, surgen las sombras: ¿quién asume las consecuencias si ocurre un accidente? ¿qué garantías se ofrecen a trabajadores y visitantes? Esta ausencia convierte el debate en una cuestión de responsabilidad política y social.
Lo mismo ocurre con las licencias de obra menor, trámites necesarios para acometer reformas puntuales o reparaciones que, en demasiadas ocasiones, se aplazan hasta que el problema estalla. Hoy, ejemplos como la licencia obra menor sevilla ilustran cómo la normativa acompaña a ciudadanos y empresas en la búsqueda de soluciones rápidas y legales para intervenciones urgentes.
La dimensión política y cultural del problema
CC.OO. no se limita a denunciar desperfectos: reclama la destitución “fulminante” del director general de la BNE, Óscar Arroyo, y del director técnico, José Luis Bueren. El argumento es sencillo: ocultar información al Ministerio de Cultura sobre la situación de la sede de Alcalá compromete tanto el patrimonio documental como la integridad física de quienes trabajan allí. El sindicato recuerda que en verano de 2024 los fondos bibliográficos llegaron a soportar temperaturas de 33 grados por fallos en el sistema de climatización. ¿Qué pasaría si esos volúmenes sufren daños irreparables?
El permiso de actividad no es una formalidad, es la llave que evita riesgos legales, económicos y sociales. Quien ignora esta realidad pone en peligro a la institución misma. De ahí la importancia de recurrir a servicios profesionales capaces de tramitar una licencia de actividad Sevilla o en cualquier otra ciudad del país, asegurando que todo negocio o centro cultural funcione dentro de la legalidad.
Deficiencias estructurales: un edificio en entredicho
El edificio de Alcalá no solo arrastra la falta de licencia. También acumula informes técnicos que señalan problemas graves: acristalamientos mal sellados que filtran agua, puertas que no cierran, desprendimientos de materiales en las torres y un sistema contraincendios incapaz de afrontar una emergencia. El propio Tribunal de Cuentas lo calificó de “situación crítica”.
Los episodios de legionella y E. coli registrados entre 2023 y 2025 confirman la fragilidad de las instalaciones. En paralelo, las denuncias de plagas de conejos y de falta de transporte público cercano convierten a esta sede en un espacio incómodo y poco accesible. Todo esto refuerza la idea de que sin una licencia en regla, los problemas se multiplican y se cronifican.
No es casualidad que medios especializados recojan noticias similares sobre otros espacios públicos y privados que funcionan al margen de la legalidad administrativa. El denominador común es siempre el mismo: los riesgos aumentan cuando los trámites se ignoran.
Obras, declaraciones responsables y la sombra de la improvisación
Los últimos años han sido un carrusel de reparaciones puntuales: instalación de bombas de agua, reparaciones en cubiertas, obras de impermeabilización. Sin embargo, todas estas intervenciones carecen de un plan global que garantice la seguridad a largo plazo. Sin licencia de obras adecuada, las actuaciones se quedan en meros parches. Y sin una declaración responsable que asegure la legalidad de cada actuación, la inseguridad jurídica se impone sobre el sentido común.
La Biblioteca Nacional debería ser ejemplo de orden y rigor administrativo. En lugar de eso, su sede en Alcalá es la prueba palpable de cómo la improvisación sustituye a la planificación, dejando tras de sí grietas físicas y legales.
La exigencia de responsabilidades
CC.OO. insiste: si el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, no toma medidas, será cómplice de lo que ocurra. Lo advierte con contundencia, porque el riesgo ya no es hipotético. Desde la falta de licencia hasta la deficiente protección contra incendios, pasando por las inundaciones en la sede central de Recoletos, el panorama no invita al optimismo.
Mientras tanto, los trabajadores continúan desarrollando su labor en un entorno que no cumple con los requisitos básicos. Sin mantenimiento propio y con servicios externalizados sin supervisión, la gestión de incidencias se convierte en un juego de avisos que nadie atiende con rapidez. La consecuencia es que pequeñas averías derivan en grandes problemas, y estos, sin licencias que respalden la actividad, se convierten en bombas de relojería.
Licencias como garantía de futuro
La lección es clara: ninguna institución, por muy histórica o cultural que sea, puede funcionar sin licencias en regla. La licencia de actividad, la licencia de apertura, la licencia de obras y las declaraciones responsables no son trámites decorativos, son garantías de seguridad, transparencia y sostenibilidad. Ignorarlas conduce a escenarios como el de Alcalá, donde un edificio que custodia millones de documentos es, paradójicamente, un espacio sin respaldo legal suficiente.
La regularización de la sede no debería esperar más. Porque cada día sin licencia es un día en el que la cultura, los trabajadores y la ciudadanía asumen riesgos innecesarios. Y porque el cumplimiento normativo es la base de la confianza pública. Si la Biblioteca Nacional quiere ser referente, debe empezar por cumplir con lo que exige a los demás.
