Cámping ilegal en zona protegida: la crónica del macrodesalojo en Mataró
Mataró amaneció con un lunes distinto. Las sirenas, los chalecos reflectantes y el despliegue de cuerpos de seguridad se hicieron notar desde las primeras horas. En el centro de la escena, un macroasentamiento de 160 parcelas que durante meses funcionó como cámping ilegal en un espacio agrícola protegido, a los pies del Parc Natural del Montnegre i Corredor. No había licencia, ni permisos, ni mucho menos planes de seguridad contra incendios. Y ese fue el detonante: el riesgo era demasiado alto para seguir mirando hacia otro lado.
Un operativo sin precedentes para recuperar un espacio protegido
Más de 300 personas participaron en el desalojo: Mossos d’Esquadra, Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil, junto a técnicos municipales, Cruz Roja y empresas de suministro eléctrico. La fotografía del operativo es la de un Estado que responde con contundencia ante un problema enquistado. Se trataba de recuperar un espacio protegido y, sobre todo, de evitar que un incendio devastara una zona agrícola y forestal que ya había sufrido varios conatos en los últimos meses.
Porque aquí está el quid: cuando se habla de licencias de actividad, de declaraciones responsables, de licencias de apertura o de licencias de obras, no hablamos de burocracia caprichosa. Hablamos de seguridad. Hablamos de vidas. Y en este asentamiento no había ni equipos básicos de protección contra incendios, ni vías de evacuación, ni un plan de emergencia. Cocinas improvisadas, residuos acumulados y conexiones eléctricas precarias eran el caldo de cultivo perfecto para la tragedia.
El papel clave de la protección contra incendios en las licencias
Una de las condiciones más vigiladas hoy en día por los ayuntamientos para conceder una licencia es la instalación de equipos de protección contra incendios. No es un requisito accesorio: es la línea que separa la legalidad de la sanción. En un espacio con 160 parcelas, con habitantes permanentes y otros temporales, la ausencia de extinción y de planes de emergencia era sencillamente inasumible. Y es aquí donde el operativo municipal encontró su razón de ser: poner fin a un riesgo colectivo.
Cuando se tramita una licencia, desde un pequeño bar hasta un macrocomplejo hostelero, se exige un inventario completo de medidas de seguridad. Extintores señalizados, bocas de incendio equipadas, salidas de evacuación, iluminación de emergencia y planes de autoprotección. Sin ellos, no hay licencia. Y sin licencia, la actividad es ilegal. Esa es la lógica que explica que la administración municipal pusiera punto final a esta aventura urbanística irregular.
Por eso, al analizar la crónica del macrodesalojo, se comprende mejor por qué el Ayuntamiento insiste en la necesidad de cumplir con cada requisito legal. Y entre ellos, uno de los más visibles y determinantes: los extintores.
Un campamento sin ley ni seguridad
El asentamiento contaba con 160 parcelas. No todas estaban ocupadas, pero sí lo suficiente como para convertir el lugar en un pequeño barrio informal. Según el padrón municipal, más de 80 personas se habían empadronado en los últimos meses, pese a que el consistorio ya había advertido públicamente de la ilegalidad de la instalación. El resto utilizaba las parcelas como segunda residencia o huerto de fin de semana. Lo que todos compartían era la ausencia total de medidas de prevención. Ni un solo extintor homologado, ni señalizaciones de evacuación, ni equipos de respuesta ante un conato de incendio.
El riesgo era doble: por un lado, la amenaza para las personas que habitaban en un entorno con conexiones eléctricas improvisadas; por otro, la posibilidad de que un descuido acabara propagando un fuego en plena zona agrícola protegida. Y si a esto se añade la acumulación de bombonas de gas, aparatos eléctricos viejos y residuos inflamables, el resultado es la tormenta perfecta.
La sombra de la normativa y el urbanismo ilegal
El desalojo no surgió de la nada. Durante meses, el consistorio de Mataró había emitido decretos y avisos. El primero, en junio, otorgaba un plazo legal para presentar alegaciones. Después vinieron órdenes de clausura, notificaciones en el BOE y visitas de inspección. Todas se encontraron con la misma resistencia: la negativa a cumplir. Cuando el 6 de agosto técnicos de Protección Civil y Policía Local acudieron a verificar si se había desalojado voluntariamente, se les cerró la puerta en las narices. Resultado: petición de autorización judicial para un desalojo forzoso.
Ahí entran en juego las normativas urbanísticas, las de protección civil y, sobre todo, la normativa medioambiental que protege el suelo agrícola y forestal. No se puede instalar un cámping en un terreno protegido, del mismo modo que no se puede abrir un bar sin licencia de apertura o construir un almacén sin licencia de obras. La diferencia está en la magnitud del riesgo: aquí se trataba de un terreno de alto valor ecológico, expuesto a incendios y sometido a presión urbanística ilegal.
Un operativo con dimensión social
El desalojo no fue solo policial. Cruz Roja y los servicios sociales municipales trabajaron a pie de campo para atender a quienes se quedaban sin hogar. Personas mayores con movilidad reducida, familias con hijos pequeños y casos con medicación específica fueron priorizados. A media tarde, ya se habían realojado a 14 personas en equipamientos municipales, mientras se valoraban alternativas habitacionales de emergencia. El Ayuntamiento se implicó también en ofrecer atención psicológica y sanitaria, consciente de que no todos los desalojados habían llegado al asentamiento por capricho.
La investigación penal y el futuro del terreno
Paralelamente, la División de Investigación Criminal de los Mossos abrió una línea de investigación. Cinco registros en pisos de Mataró y en parcelas del asentamiento apuntan a posibles delitos urbanísticos y medioambientales. El terreno, propiedad de una inmobiliaria y arrendado a una sociedad, está bajo la lupa de los tribunales. El secreto de sumario impide conocer todos los detalles, pero el mensaje es claro: tolerancia cero con el barraquismo y con las actividades ilegales en suelos protegidos.
Lecciones de un macrodesalojo
Lo ocurrido en Mataró deja varias lecciones. La primera: que los espacios protegidos necesitan vigilancia y firmeza administrativa para garantizar su preservación. La segunda: que la seguridad contra incendios no es un lujo, sino una obligación legal que sostiene cualquier actividad autorizada. Y la tercera: que las licencias de actividad, lejos de ser papeles intrascendentes, son la garantía de que detrás de cada proyecto hay un plan de seguridad, un respeto por el entorno y una responsabilidad hacia la comunidad.
El Ayuntamiento ha anunciado que el terreno quedará precintado para evitar reocupaciones. Y en paralelo, que colaborará con Fiscalía y Mossos para depurar responsabilidades. Porque más allá de lo mediático, lo que está en juego es la seguridad de un entorno natural y la integridad de las personas que, en la precariedad, habían hecho suyo un espacio que nunca debió convertirse en cámping.
La crónica del macrodesalojo en Mataró no es solo el relato de un operativo policial. Es la constatación de que la protección contra incendios, las licencias y las normativas son pilares imprescindibles de la convivencia. Y es también el recordatorio de que sin esas medidas, lo que queda es el riesgo, la ilegalidad y la amenaza constante de una tragedia. Mataró ha marcado un precedente: sin seguridad, no hay licencia; sin licencia, no hay actividad.
